Ese documento expresa, entre otros aspectos:

"Por orden del gobierno macrista, más de 40 mil cartuchos de alto calibre, granadas y gases lacrimógenos fueron enviados ocultos en aviones Hércules". (...) "Las masacres de Senkata, Sacaba y de El Pedregal, en las cuales decenas de compatriotas de la Patria Grande fueron asesinados, así como las represiones sistemáticas contra el pueblo boliviano, se llevaron adelante con el armamento conjunto y coordinado de las derechas de nuestros países, dirigidas por el imperialismo norteamericano". (...) "Esto demuestra lo que venimos sosteniendo cuando denunciamos a Luis Almagro y la Secretaría General de la OEA de ser responsables de planificar, justificar y consolidar el golpe de Estado en Bolivia". (...) "Un nuevo Plan Cóndor se implementó en nuestra América para desmantelar los gobiernos revolucionarios y progresistas de la región, y reprimir a las mayorías que soñamos y construimos un mundo justo y una América unida". (...) "El gobierno de Macri coordinó su política con el imperialismo, con el FMI y con las derechas latinoamericanas, destruyendo la Unasur y construyendo el golpista Grupo de Lima". (...) "Es imperioso ahora poner a disposición toda la capacidad de los Estados y establecer mecanismos de colaboración conjunta para investigar e impedir que estos crímenes contra la humanidad queden impunes". Por lo antedicho, Organismos de DDHH de once países concluyen: "Exigimos que ambos países (Bolivia y Argentina) asuman acciones a la brevedad, pidiendo la captura de Mauricio Macri y de todos los implicados en la planificación y consecución del golpe, para que sean juzgados adecuadamente". 

El documento está firmado por la Liga Argentina por los Derechos Humanos; la Liga Boliviana por los Derechos Humanos; la Liga Mexicana por la defensa de los Derechos Humanos; de Perú: la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDDHH), el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Equidad), el Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODDHH); de Chile: la Corporación de promoción y defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); de Ecuador: la Comisión Ecuménica por los Derechos Humanos; de Panamá: el Centro de Capacitación Social (CCS); de El Salvador: la comisión de DDHH (CDDHHES); de Brasil: el Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDDHH) y Justica Global; de República Dominicana: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH-RD); de Colombia: la Fundación Lazos de Dignidad (FLD) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; y la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, entre otros Organismos.