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EXCLUSIVO: GIAT y BAT, 16 largos años de entuertos judiciales y un abandono que ya es derrumbe 

Especiales 25 de marzo de 2021 Por Federico Tártara
El concurso preventivo que comenzó en Mayo de 2005, aún no termina. El expediente continúa con acusaciones, contestaciones y una pérdida de tiempo judicial que sumerge aún más el edificio que supo tener una de las mejores producciones de Sudamérica. Máquinas importadas de China y España duermen en el gigante dormido que ofrece una pelea tan en solitario que -de forma muy humillante- es devorado por palomas, ratones y pastos altos. Esta última situación -cortar el pasto- fue discutida en dos instancias, y ¡con apelación incluida!, sólo una muestra de la desidia judicial. ¿Por qué el Juez Bertola no declara la quiebra?
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Por Federico Tártara 

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El 12 de Junio de 2015 el Juez Gustavo Néstor Bertola firmaba nuevamente un escrito intimando a que los responsables de GIAT y BAT cumplan con el acuerdo que homologó en Septiembre de 2007. Concretamente dice: “Intímese a la concursada a acreditar en autos en el término de cinco días, el cumplimiento del acuerdo oportunamente homologado en autos, adjuntando los correspondientes comprobantes, bajo apercibimiento de decretar la quiebra”.   

La cuestión, con esta decisión, es que anteriormente el magistrado había obrado en la misma dirección en dos oportunidades, en Julio de 2012 y en Abril de 2014. Y María Florencia Marchesi Mateazzi y Sebastián Martiarena, dos jueces que estuvieron de subrogantes en el juzgado, indicaron lo mismo. Es más, Mateazzi, también expresó que de no cumplirse el acuerdo declararía la quiebra de la empresa GIAT y BAT. 

Por supuesto, nada de esto pasó. Y una de las fábricas más importantes de la Provincia de Buenos Aires aún está cerrada y con un edificio en inminente derrumbe. La situación es desesperante: falta de techos, paredes agrietadas, maquinaria importada de China y España a la intemperie, y pasto altos que cubren gran parte del predio.   

Durante estos largos 16 años, la causa judicial naufragó en tramites de índole burocrático y en trabas y artimañas que el magistrado Bertola no pudo o no quiso desarmar. Por ejemplo desde 2007 hasta el 2012, desde el armado del acuerdo hasta el en año en que fallece Claudio Augusto Sebastiani, su último Gerente General, solo se registraron algunos movimientos mínimos o requerimientos técnicos.  

Efectivamente Claudio Augusto Sebastiani participó de las distintas audiencias y pidió salir al exterior -Uruguay-, en al menos dos oportunidades y por un lapso de 30 días. En una de las primeras audiencias realizadas en 2006, en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Trenque Lauquen, se comprometió a entregar documentación y pagar los honorarios de los profesionales que intervinieron en el concurso preventivo. Nunca lo hizo.  

Una de las claves del expediente es que el 13 de Enero de 2011, Claudio Augusto Sebastiani le confirió un poder para asuntos judiciales y extrajudiciales a tres abogados: Alberto del Sarto, Ricardo Eduardo Paso y Carlos Alejandro Luciani. 

El 18 de Febrero de 2019, Ricardo Paso le pasó ese poder -momentáneamente- al abogado Mauricio Martín Alaniz, de Carhué. Ya que, según surge del escrito, tenia incompatibilidad de funciones al ser también concejal. En esta nueva etapa, fue determinante el ingreso de la Municipalidad de Trenque Lauquen en el expediente vía la síndico de la causa María Cecilia Brizuela.

Torpezas tras torpezas, peleas tras peleas, el expediente aún duerme en un cajón de los tribunales de calle 9 de Julio, y mientras tanto GIAT y BAT se muere.   

VIDEO REALIZADO POR UN VECINO DE BERUTI DONDE CLARAMENTE SE PUEDE NOTAR EL ESTADO DE ABANDONO TOTAL DE LA FÁBRICA GIAT Y BAT. 

  • El Acuerdo


Tal como lo establece la ley en menos de 2 años, en la causa 2903 - 2005, que comenzó el 22 de Agosto de 2005, se llegó a un acuerdo. En un principio hubo algún tipo de arreglo -o de promesa- con los acreedores privados, pero no con el estado ni con AFIP, ni con Dirección Provincial de Rentas. En la reunión informativa, sin dar mucho detalle, Sebastiani, tiró que se iban “acoger al máximo plan de cuotas”.  

Entre los acreedores estaba B.Faverio y CIA, una tintorería industrial con sede en Villa Lugano, que reclamaba unos 19.759, 59 pesos por mercadería no abonada. Luego Oscar Alfredo Aldo, y también su abogado. El primero solicitaba unos 85.487, 70 pesos, tras ser despedido, y argumentaba que eso se le debía en salarios, comisiones por venta, vacaciones, entre otros ítems. Estaba representado por Roberto Eduardo Mangeri, que reclamaba el pago de 62.136 pesos en concepto de honorarios. Las causas previas o conexas habían sido tramitadas en los tribunales de Capital Federal. 

También en los primeros pasos de la causa se presentó una Off Shore del ducado de Liechtenstein, llamado Bergo Anstalt, que estuvo muy vinculada con Racing, y con el Presidente (en realidad empresario y gerenciador) de ese entonces Fernando Marín. A través de un abogado llamado Jorge Ricardo Cejas, pedían la multimillonaria suma de ¡¡¡735.928 dólares!!! en concepto de un crédito que se utilizó para comprar mercadería y maquinaria. El juez Bertola lo declaró “inadmisible”. 

AFIP-DGI y la Dirección Provincial de Rentas hicieron sus planteos, y las deudas por moratorias caídas y deudas llegaban a alrededor de 1 millón y medio de pesos para el fisco nacional, y medio millón de pesos para el provincial, entre créditos con privilegio especial y quirografarios.

El 6 de Junio de 2007, a las 10.30 AM, en Trenque Lauquen se realizó la reunión informativa para avanzar en el acuerdo. Estuvieron sentados en sede judicial: Claudio Sebastiani y su abogada Gabriela Cammisi; la síndico Contadora Analía Martha Vico y su abogado José Luis Martinez. La reunión fue presidida por el juez Bertola. En la reunión faltaron papeles sobre “obligaciones previsionales”, y el gerente general de GIAT y BAT, se comprometió in situ para presentarlos a la brevedad. Todo un símbolo de lo que vendría después cuando muchos operarios y operarias intentarán jubilarse. El encuentro, de todas maneras, fue bueno y las partes se retiraron en buen orden.      

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Un mes después el juez detecta que la Sindicatura omitió referirse a la deuda con el fisco nacional. A los pocos días, Sebastiani le pide al mismo juzgado (se viene la feria invernal) ausentarse del país por 30 días. 

A los pocos días, la Sindicatura deja expresado que “la concursada solamente ofreció una propuesta concordataria para acreedores quirografarios privados, incluido el laboral. No contempla un acuerdo para los acreedores públicos. Para ambas categorías de créditos expresó que "se acogerá al plan especial de pagos (al máximo de los plazos admitidos por el organismo) (sic). En consecuencia los organismos públicos quedan fuera del acuerdo”.

Igual, Bertola, en el mismo escrito, le otorga 30 días a GIAT y BAT para que aclaren esta situación: “deberá la concursada acreditar el acogimiento a los correspondientes planes de pago con sendos acreedores fiscales, en el término de treinta días”. 

Y varios párrafos más adelante, el magistrado, resuelve “homologar el acuerdo preventivo presentado”. Era el 17 de Septiembre del año 2007, apenas dos años de comenzado el concurso y una de las fábricas más importantes de la provincia de Buenos Aires parecía que podía comenzar a saldar sus deudas. 

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  • Muere Sebastiani 


Desde Septiembre de 2007 hasta Julio de 2012 la causa no tuvo ningún tipo de avance. Son cinco años con un puñado de resoluciones de tipo burocrático: presentar documentación, prestar la causa, alertar sobre vencimientos y medidas de igual índole. 

En Septiembre de 2012, el magistrado de la causa, solicita a la sindicatura que informe “sí se cumplió el acuerdo oportunamente homologado”. La sindicatura informa que nada se ha cumplido, y en Marzo de 2013, Ana María Vico, quizás cansada, renuncia a su función. 

Varios meses después, ingresa en la causa Maria Cristina Falcioni con la representación del abogado Eduardo Paso. Se presenta copia del certificado de defunción de Sebastiani, y de la asamblea realizada de GIAT y BAT, y se habilita la feria judicial por este motivo. También pide acogerse al plan de beneficios de AFIP. 

Falcioni estaba desde 2005 como directora suplente de GIAT y BAT. Además, de los directores Alberto Abramowicz y Gustavo Gutiérrez, quienes nunca aparecieron en la causa por ningún motivo. El juez Bertola, argumenta que “la vacante será cubierta por la persona que designe la sindicatura con la conformidad del directorio”. 

A esta altura vale mucho preguntarse: ¿Qué sindicatura? ¿Qué directorio?

En Abril de 2014, nuevamente el magistrado alega que por el “tiempo transcurrido” que se cumpla el acuerdo. “Desde que se homologara el acuerdo el 17/09/2007” y le requiere a la nueva sindicatura que cumpla con el acuerdo que fue firmado hace más de 7 largos años. 

En ese mismo mes es designada la nueva síndico en la causa, María Cecilia Brizuela. 

Hasta ese momento no se cumplió el acuerdo, no se declaró la quiebra ni tampoco cobraron sus honorarios los profesionales intervinientes. 

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  • En comodato a la Municipalidad 


En 2017 María Claudia Falcioni murió. Ella, además de ser la última pareja de Sebastiani, era la directora suplente de la empresa GIAT y BAT S.A. En largos tramos de la causa aparecen pedidos, tanto del juez como de los síndicos, para que Falcioni acredite su cargo al frente de la firma. Además, por lo general, el cargo dura unos 2 años y se renueva, cosa que nunca pasó del directorio fantasma constituido en 2005, más dos síndicos que nunca aparecieron o se presentaron en el expediente. 

Fue en ese momento que la Municipalidad puso primera y decidió pedir en comodato la fábrica. Fue a través de un informe de la síndico María Cecilia Brizuela, que sería recusada en Marzo de 2019. 

En un largo escrito Brizuela alegaba que hasta el momento nada de lo que había prometido la concursada (GIAT y BAT) se había cumplido. Entonces dijo: “funcionarios municipales se han puesto en contacto con este órgano para expresarme su grave preocupación por el estado de abandono que presenta el inmueble fabril ubicado en la localidad de Beruti, el cual presenta no sólo deterioros en su construcción que hacen posible su derrumbe, sino además graves consecuencias en torno a la salud de los vecinos que habitan en las cercanías del inmueble ante la presencia de roedores y alimañas de todo tipo”; para más adelante agregar que: “entiendo que una solución posible sería la entrega en comodato de las instalaciones de la concursada a favor de la Municipalidad de Trenque Lauquen, por el tiempo y en las condiciones que V.S. estime corresponder” y finalmente convocar a una reunión donde invitaba incluso al Intendente, Miguel Fernández: “Para analizar esta situación, y otras opciones que pudieran presentarse, concretamente solicito se fije audiencia con carácter de URGENTE (dado el riesgo que significa el abandono del inmueble más arriba explicado), a la que se invitará a concurrir a: 1) Dr. Ricardo Paso, último apoderado de la concursada, quien deberá aportar los datos que le resulte posible en torno al fallecimiento de la Sra. María Cristina Falcioni y localización de eventuales herederos y/o los síndicos societarios. 2) El Sr. Intendente Municipal y/o el funcionario que estime designar. 3) ARBA a través de su apoderado. 4) AFIP a través de su apoderada. 5) Esta sindicatura y/o a quien designe al efecto”, cerraba el escrito de Brizuela. 

Un año más tarde, en Agosto de 2018, el concejal Ricardo Paso conformaría un nuevo bloque dentro del Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, hasta ese momento no enfrentaba a Miguel Fernández en la interna de la UCR, aunque sí dentro de la causa 2903 - 2005, que comenzó el 22 de Agosto de 2005. 

En el escrito de la Síndico Brizuela también se deja entrever que se enteró del fallecimiento de “Falcioni” de manera “extraoficial” y tiempo más tarde se le reclama al abogado Paso que informe de esta situación. Ricardo Paso, abogado, no había informado que Falcioni había muerto. 

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  • El contraataque 


A los días, el tándem de abogados-apoderados Paso-Analiz, salió a jugar fuerte y pusieron en la mesa del juez Bertola un decreto donde a Brizuela la nombraban en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Trenque Lauquen, por lo tanto debía de abstenerse del rol que estaba protagonizando. Sin lugar a dudas, un grueso error de la comuna.  

El magistrado Bertola quedó en offside, ya que había impulsado las reuniones donde, incluso, se pedía la participación del intendente Miguel Fernández. Toda la iniciativa quedó desierta. Las palabras de Alanis fueron durísimas. Dice, en su escrito: “El fundamento de la recusación planteada por Giatybat S.A., encuentra razón en la existencia de prueba suficiente de la inhabilidad funcional que acarrea la Cra. Brizuela para dictaminar acerca de la petición formulada el 19 de febrero de 2019 por el Intendente de Trenque Lauquen, Miguel A. Fernández, en estos autos, a la par que no se encuentra legalmente legitimada para ello (arts. 59, primer párrafo y 289 LCQ); resulta acreditada su inhabilidad por el vínculo laboral que la Cra. Brizuela tiene con el Municipio, conforme los Decretos 102/18 y 1158/18 firmados por el Intendente Fernández.” 

Y se acompañaba todo lo dicho con el acto administrativo donde Brizuela era designada : “Designar para la realización de tareas de carácter temporario, a partir del día 01 de Enero de 2.018 y hasta el 30 de Junio de 2.018, sin perjuicio de su condición de personal sin estabilidad, dispuesto por la norma que regula la materia, para prestar servicios en JURISDICCIÓN 1110103000 – Secretaría de Hacienda – CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 01.01.00 – Secretaría General – PERSONAL JORNALIZADO – Categoría 9, Régimen Horario 30 horas semanales”.

Antes de que sacaran la carta de que Brizuela trabajaba en la Municipalidad de Trenque Lauquen, y que por lo tanto no iba a ser neutral en el expediente, hubo un fuerte intercambio dentro de la causa entre Paso y Brizuela. El primero le decía concretamente que “el síndico sólo es encargado de velar por cumplir el acuerdo”.

En realidad, según dicen de manera extraoficial en los tribunales de la calle 9 de Julio, Paso no le contestaba a Brizuela, sino que se trenzaba con el presidente del bloque de concejales de Cambiemos en el HCD local, Alfredo Zambiasio. "Es el jefe de todos los síndicos de Trenque Lauquen, y de Brizuela", dicen en los pasillos. 

Para esta altura, vale nuevamente preguntarse: ¿Caída la vía de comodato y gestión municipal, caída la vía privada-empresarial de poner en marcha la fábrica GIAT y BAT? ¿Qué vía queda? 

El abandono, y el derrumbe.  

  • ¿Hantavirus en Beruti?  

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En Febrero de 2019 arrancó en la causa un nuevo round. ¿Se trataba de reabrir la fábrica que cuenta con maquinarias importadas de China y España detenidas desde 2012? ¿Se trataba de generar una audiencia pública acorde -considerando el tiempo transcurrido- y que se busque una resolución a la problemática para el pueblo de Beruti? ¿Se trataba de que el Estado reclame por los sueldos y jubilaciones atrasadas? ¿Para que la justicia tome cartas en el asunto? 

Ninguna de estas preguntas aún tienen respuesta. La nueva contienda tenía como finalidad cortar el pasto del hermoso parque, con quincho y pileta, que tiene GIAT y BAT. La presentación fue realizada ni más ni menos que por el Intendente de la ciudad de Trenque Lauquen, Miguel Fernández. La sindicatura (María Brizuela) dio el aval argumentando a través de las fotografías que presentó el municipio, y el Juez autorizó a que ingresen con máquinas cortadoras de césped, rastrillos y palas a la parcela  3-A-3-1C PARTIDA 2886, Matrícula 17790 de la localidad de Berutti partido de Trenque Lauquen. 

El fallo se festejó con sendas gacetillas enviadas a través del municipio a los medios locales. “La justicia falló a favor”, pero quién grita el gol antes de hacerlo ya conoce lo que pasa. 

El abogado Alanis, armó un fuerte escrito donde calificaba de “ilegal” la presentación de Miguel Fernandez, y de “exprés” lo decidido por el Juez Bertola. “La presentación del Intendente Fernández a fs. 2178 en este proceso concursal constituye un avasallamiento absoluto de principios legales y constitucionales, porque no tiene legitimación procesal dentro del proceso universal”, marcó Alanis en su presentación judicial.

Y más adelante también se despachó contra el hecho de solicitar en comodato planteado por Brizuela: “Es responsabilidad exclusiva del Juzgado que debe atender el pedido del justiciable a dar por cumplido integralmente el acuerdo homologado en este proceso concursal; de esta forma se otorga justicia al justiciable y se impide el abuso procesal, abuso del derecho y abuso del proceso de quienes inescrupulosamente, y sin legitimación alguna para actuar y formular peticiones ilegales, tanto el Intendente Fernández con esta presentación que V.S. le ha dado curso, como a la ilegal presentación de la Síndico Brizuela solicitando en comodato para la Municipalidad el inmueble de propiedad de Giatybat S.A., aberración jurídica por tratarse de un proceso universal”. 

Y finalmente también solicitó que se sancione a Brizuela, por su doble rol trabajando para el municipio y haciendo de síndico en el expediente de GIAT y BAT. 

Tanto ruido, y de un tirón, hizo que el Intendente Fernández se presente  en el expediente bajo el patrocinio de su abogada la doctora Verónica Beatriz Lafón. Ahí se expuso que: “nuestra parte considera absolutamente errónea tal interpretación, ya que el Intendente, en su carácter de funcionario público electo no actúa por derecho propio sino en representación de los derechos de incidencia colectiva afectados por el desastroso estado de abandono en que se encuentra el predio”, para más adelante establecer: “el estado de abandono, suciedad y existencia de plagas y roedores, es un hecho manifiesto y notorio, a su vez conocido por toda la comunidad local.

También en el mes de Febrero la síndico Brizuela, pidió disculpas y reconoció que trabajaba -en ese momento- para el municipio: “Si reconozco que hoy presto servicios en la Municipalidad de Trenque Lauquen, como Jornalizada, venciendo mi contrato en el próximo mes de Julio de 2019”.

A su turno, el Juez Gustavo Bertola, zanjó el dilema enviando el diferendo entre las partes a la Cámara Civil y Comercial Departamental, y se sinceró: “No es de soslayar que nos encontramos en el marco de un proceso universal que lleva casi 14 años de tramitación y cuenta como integrante principal de su activo un predio de enormes dimensiones situado en el caso urbano de la ciudad de Berutti. Ello conlleva a que toda la localidad se encuentre en constante riesgo por las condiciones edilicias y de total abandono del inmueble, circunstancias que legitiman a la Municipalidad de Trenque Lauquen para peticionar el ingreso al predio de la ex fábrica dado que existe un interés público en materia de salud por el cual debe velar”, resumió Bertola de una verdad que el pueblo de Beruti expone a gritos desde hace más de 16 años.   

Párrafos más adelante, argumentó por el riesgo de hantavirus que en ese momento el brote estaba en el sur del país. “Resguardar la salud de la población en su conjunto por el peligro potencial que implica el brote reciente de hantavirus y el peligro en la demora que conllevaría no tomar una medida urgente que termine con la existencia de las malezas, reptiles, víboras y roedores en las instalaciones de Giatybat”. 

La respuesta de Alanis no se hizo esperar y recusó a Bertola por “arbitrariedad” y parcialidad fundado en la audiencia que fijó para el comodato en favor del municipio, pero también en permitir el ingreso al predio para que se produzca la ansiada limpieza. Párrafos más adelante calificaba de discurso demagógico lo del hantavirus: “las expresiones vertidas por el Intendente Municipal Fernández en su ilegal presentación de fs. 2178 como un retórico discurso político mediante la “agitación de la urgencia” y aseverar que existe un brote de hantavirus en la zona de Berutti y en el resto del partido de Trenque Lauquen es una falacia, no se ajusta a la realidad de los hechos, no existe ni existió brote de hantavirus en la zona. Con su opinión el juez a quo en uso de sus facultades discrecionales se ha precipitado en la arbitrariedad”. 

Finalmente, el municipio y su Intendente, Miguel Fernández, y el Juez Gustavo Bertola, perdieron la pulseada en el diferendo por cortar el pasto en el predio de la fábrica GIAT y BAT.

Que poco todo.

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La Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen, integrada por los jueces Silvia Scelzo, Toribio Sosa y Carlos Lettieri, expresó “declarar cumplido el acuerdo preventivo homologado a fs. 1467/1474”.

Más adelante hacen todo lo posible para que sea casi inentendible lo que están dictando. “En efecto, la única norma jurídica citada -el art. 240 de la Ley 24.522- no se corresponde con el estado de autos, pues no se declaró la quiebra de la concursada y, antes bien, había concluido el concurso preventivo conforme lo reglado en el art. 59 párrafo 1º de la Ley 24.522, restando el control sobre el cumplimiento del acuerdo”.

Para finalmente marcar que no dejan entrar a nadie a cortar el pasto del hermoso parque y quincho con pileta que tiene el predio de la Fábrica GIAT y BAT. “Y bien, el objeto del referido pedido -autorización judicial para ingresar al predio de la concursada a fin de realizar tareas de conservación y mantenimiento- es inadecuado dentro del proceso universal cuyo estado ha sido descripto en el considerando 1- (arts. 32, 59 y concs. Ley 24.522) y, en todo caso, aún estirando su rendimiento posible, habiendo cesado las restricciones de los arts. 15 y 16 de la Ley 24.522 debió ser sustanciado con la concursada y no con la sindicatura cuya función había quedado circunscripta a supervisar el cumplimiento del acuerdo”.

  • Final de cuentas

Sólo la causa del Correo Argentino y la familia Macri, debe superar los 16 años que lleva el expediente del "Concurso Preventivo Pequeño de GIAT y BAT S.A". Los largos tiempos de la justicia no conocen de la sentida historia, trayectoria, y actualidad de un edificio símbolo en medio del pueblo de Beruti. ¿Qué queda si la justicia no puede resolverlo? ¿Qué queda si durante 5 años la causa no tuvo un sólo movimiento significativo? ¿Qué queda si las maquinarias importadas de China y España se pudren por las lluvias pampeanas?

Es inaudito que una causa judicial trabe de sobremanera el desarrollo fabril de un pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Es inaudito que algo tan simple como cortar el pasto a los efectos de la salubridad de la población se debatan en dos instancias de la justicia, y con apelación incluida, fallos que muestran la desidia judicial y la lejanía de la realidad berutense.

Y mientras tanto GIAT y BAT se muere, y a jueces y funcionarios no parece importarles. 

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