Por Leticia Badino (*)

El Covid-19 llegó para poner contra las cuerdas los postulados de un orden económico excluyente que expone indicadores de desigualdad obscenos. Mientras organismos internacionales insisten con documentos y acuerdos ambiciosos para combatirla, como si la justicia social dependiera de buenas intenciones, la potencia de los sectores que acumulan ingresos y riqueza y sus representantes políticos, defienden con los dientes apretados el sistema que sostiene sus privilegios a costa de la pobreza y explotación de millones.

Probablemente la especificidad de la situación que se atraviesa radica en que no solo puede afectar a  cualquier sujeto y a cualquier país, y por lo tanto es una amenaza a la humanidad toda sino, en que ha hecho tambalear al sistema capitalista obstaculizando la producción y circulación de trabajadores y trabajadoras, capital y productos. De esta manera, se ha constituido en objetivo internacional primordial, la elaboración de una vacuna que pueda frenar la amenaza. A la humanidad, o al sistema.

En Argentina, luego de 4 años en los que “el modelo económico de Cambiemos arrojó a la pobreza a cerca de un millón y medio de personas”, el nuevo gobierno busca reposicionar el lugar del Estado como garante de derechos mientras aborda la negociación de la deuda con el FMI. Tendrá que trabajar fuerte para que lo segundo no sea incompatible con lo primero.

Paralelamente, a la vez que implementa medidas económicas de asistencia urgente a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad, instala en la agenda de discusión pública un proyecto de ley a las grandes fortunas y la necesidad de implementar un ingreso universal.

Sin embargo, comprender a la desigualdad como un fenómeno mundial implica asumir que difícilmente las decisiones políticas nacionales, de manera aislada, alcancen para revertir la situación al interior de los países, y mucho menos a nivel global. Pese a esto, el lugar de los Estados en este contexto, no solo es decisivo en relación a las políticas de cuidado que pueda desplegar para sostener a los sectores más desprotegidos frente a las desigualdades. Es necesario que los gobiernos construyan e instalen discursivamente una posición simbólica que interpele a la comunidad hacia una comprensión acabada de la insostenibilidad de un modelo que excluye a millones. Y, es necesario que esa construcción provenga de, o genere, la conformación de un bloque de Estados que pueda presionar y negociar la edificación de un orden mundial humanitario.

Si el fin del comunismo estableció la predominancia indomable de un sistema capitalista salvaje, y considerando que, hasta este año excepcional, no han sido argumento suficiente las consecuencias sociales y económicas que generaron las políticas neoliberales para comprender que se deben combatir las desigualdades, y que las sociedades deben y pueden construir órdenes que tengan por objetivo alcanzar el mayor margen posible de justicia e igualdad social, el COVID- 19 y todo lo que trajo con él, puede ser la puerta de acceso hacia la reformulación del sistema económico dominante.

Pobreza, desigualdades, redistribución y reconocimiento
Los datos y proyecciones para Argentina y América Latina son preocupantes. Según un informe de la CEPAL, “en 2018, alrededor del 30,1% de la población de América Latina estaba bajo la línea de pobreza, mientras que un 10,7% se encontraba bajo el umbral de la pobreza extrema. Esto significa que, en dicho año, aproximadamente 185 millones de personas se encontraban en situación de pobreza y 66 millones de personas pertenecían a hogares con ingresos per cápita inferiores a la línea de pobreza extrema”. Y, en el marco de la pandemia, “la economía de América Latina y el Caribe sufrirá una contracción de la actividad del 5,3% en 2020, lo que generará casi 30 millones más de pobres”.

En Argentina, según datos del INDEC, en el segundo semestre de 2019, “el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 25,9%; en estos residen el 35,5% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 5,7% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 8 % de las personas”, y según diferentes estimaciones, a fines de 2020, la pobreza en Argentina podría llegar a más del 40 %.

Si bien la pobreza puede definirse como la “condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo necesario para la sobrevivencia” y, partir de esta definición, se utilizan distintos métodos para realizar mediciones que permitan analizar la situación y, en el mejor de los casos, utilizar esa información como insumo para tomar decisiones que tengan por objeto disminuir dichos niveles, como sostiene Minujín, la pobreza es una problemática de la desigualdad y  es un fenómeno multidimensional. 

Considerar a la pobreza como una problemática multidimensional es de suma importancia para poder comprender su gravedad y, además, para diseñar y aplicar políticas públicas que tengan un efectivo impacto positivo.
Entender que es una problemática de la desigualdad que está relacionada con la brecha existente entre quienes acumulan los ingresos y las riquezas, y aquellos que son despojados de ellas, vuelve inevitable pensarla en términos de injusticia social.

En este sentido, el proyecto del Impuesto Extraordinario a las grandes fortunas que se discute en Argentina es una buena  señal y en caso de aprobarse, efectivamente otorgará recursos importantes al Estado Nacional. Sin embargo, y debido a la búsqueda de consensos que permitan su aprobación, se ha definido como un tributo por única vez, cuya recaudación estará destinada específicamente a paliar los efectos de la crisis generada por la pandemia. Si bien la propuesta es válida y es claro que sus limitaciones precisas responden a la necesidad de alcanzar la aprobación del proyecto en el Congreso, los términos en los que fue planteada, evitan por el momento, la posibilidad de instalar públicamente una discusión urgente: la concentración de la riqueza genera pobreza e injusticia social y los Estados deben intervenir con políticas de redistribución que propendan a la equidad. Definitivamente, un impuesto a las grandes fortunas no debe ser planteado como un impuesto solidario. Es un impuesto con fines redistributivos con fundamentos de justicia. Así debe pensarse y así debe instalarse si se quiere también con él, no sólo responder a la urgencia planteada por la pandemia sino comenzar a disputar las bases para un orden social humanitario.

Por su parte, el avance del gobierno respecto a la implementación de un ingreso universal es una consecuencia directa de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran millones de argentinas y argentinos que quedó evidenciada a partir del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Tiene por objetivo atribuir una renta básica equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil que llegue a aquellas personas que no poseen ningún ingreso.
En un articulo de la economista Mercedes D`Alessandro, la autora afirma que “El ingreso universal, en tanto no ataca el corazón del problema, es un placebo para sueños progresistas que no quieren ver tanta pobreza a su alrededor y un certificado de supervivencia en los márgenes de la sociedad para quien los recibe”. D`Alessandro sostiene que la medida en cuestión implicaría asumir que hay trabajadoras y trabajadores que simplemente no caben en el sistema y que ya no entrarán al mundo laboral y propone un cambio radical que, sin embargo, reconoce utópico. D`Alessandro tiene razón si se piensa el ingreso universal como política aislada. Sin embargo, incluida dentro de un proyecto de gobierno más ambicioso, que busque desarrollar la justicia social para todas las argentinas y argentinos, puede ser un gran punto de partida. 

Las mujeres y les niñes primero
Las desigualdades que genera el sistema capitalista patriarcal tiene víctimas bien definidas.
Les niñes y las mujeres están entre los más perjudicados por el orden social establecido. Son también los más golpeados por la situación propia del COVID- 19 y el aislamiento. No solo sufren la pobreza en mayor proporción que otros sectores de la población, sino que padecen múltiples desigualdades que refuerzan y reproducen en el tiempo condiciones de vida que les impiden salir adelante.

En Argentina, “el 52% de los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años viven en un hogar pobre”y según estimaciones de UNICEF  “entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 a 8,3 millones”, lo que significa que para diciembre de 2020, un 63% de las niñas, niños y adolescentes será pobre.
Por su parte, “las mujeres ganan, en promedio, un 29% menos que sus pares varones. Además de tener peores salarios en general, enfrentan mayores niveles de informalidad y mayores niveles de desocupación que los varones. Según la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (EAHU-INDEC, 2013) ellas realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas. El 88,9% de las mujeres las realizan y dedican a este tipo de labores un promedio de 6,4 horas semanales. Mientras tanto, sólo el 57,9% de los varones participa en estos trabajos, a los que les dedican un promedio de 3,4 horas semanales”.  

Comprender que, sin el trabajo no remunerado que recae principalmente en las mujeres, sería imposible el funcionamiento del sistema productivo, exige tomar medidas porque, si lo que se quiere es caminar hacia la reducción de la desigualdad. terminar con la situación de explotación que sufren las mujeres es urgente.
En este sentido, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en Argentina, es auspiciosa. Y podría generar cambios revolucionarios si aborda la desigualdad de género como una problemática bidimensional que demanda políticas de reconocimiento y políticas redistributivas. No alcanza con reparar la situación de las mujeres en el plano simbólico, hace falta diseñar políticas públicas que subsanen, en principio, la situación de explotación laboral que viven y padecen.

La puerta 

El COVID- 19 expuso con máxima crudeza la fragilidad del sistema económico actual y las condiciones de vulnerabilidad que afectan a gran parte de la población mundial, a la vez que reposicionó a los Estados como protagonistas necesarios del sostenimiento de la organización social.  
En Argentina, el nuevo gobierno asumió esa posición y tomó la decisión política de arbitrar medidas de protección para los sectores más vulnerables, a la vez que reforzó el sistema de salud, asistió a las pequeñas y medianas empresas, a las y los trabajadores, y a las familias.
Sin embargo, los niveles de desigualdad que enfrenta el país, y el mundo en general, intensificados ahora por la pandemia, demandarán cambios profundos en la organización económica nacional y mundial. 
El gobierno argentino deberá considerar como desafío primordial la construcción de los recursos simbólicos necesarios para interpelar a toda la ciudadanía respecto a la ineludible tarea de construir un país con justicia social. A su vez, deberá tener la capacidad de encontrar Estados aliados para la construcción de un bloque con el peso suficiente que demanda la pelea a nivel global.
La situación actual es extremadamente compleja, tanto que casi impide ver la puerta.. Pero ahí está.  Hay que decidirse a entrar.

(*) Militante Asamblea Bicentenario, dirigente del Frente de Todos. Artículo elaborado para la Diplomatura Desigualdades y políticas públicas distributiva (FLACSO).