Un rato antes de la última protesta realizada frente a la Cooperativa Eléctrica en rechazo al desmedido aumento de las tarifas, una militante política recibió una llamada telefónica de parte del comisario de Trenque Lauquen Sebastián Bartolomé, quien le manifestó que estaban investigando a quienes formaron parte de la primera protesta y hasta le comentó cuestiones que habían sido publicadas en las redes sociales.

Tras la difusión pública de lo ocurrido, la Comisión Provincial por la Memoria tomó intervención en el caso y el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, se reunió con la víctima en dos oportunidades manifestándole su respaldo ante lo sucedido.

Ayer, la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen formalizó una presentación ante el Fiscal de turno, Manuel Iglesias (U.F.I. N° 5), y el hecho ya está en la Justicia.

"Por la presente, nos dirigimos a usted a fin de acompañar una solicitud de intervención de la Justicia, a raíz de un hecho ocurrido el pasado 15 de julio de 2020 en la ciudad de Trenque Lauquen, en el marco de una protesta vecinal en relación con el aumento del servicio de energía eléctrica. Como integrantes de un Organismo de Derechos Humanos, actuante en nuestro medio desde hace 20 años, no es la primera vez que un/a vecino/a acude a nosotros, para que vehiculicemos su testimonio que, de otro modo, por temor a represalias, jamás llegaría a oídos de Fiscales y Jueces” comienza la presentación del organismo trenquelauquense.

“El relato que sigue a continuación corresponde al testimonio de la señora Yanina Alcántara, quien le manifestó lo ocurrido inmediatamente a un integrante de la Comisión por los Derechos Humanos. Alcántara es dirigente política, vicepresidenta del Partido Justicialista local, y tiene desde hace años participación activa en causas sociales y solidarias”.

“Según expresa Yanina (que había participado una semana antes en la primera manifestación que tuvo lugar frente a la Cooperativa Eléctrica), el miércoles 15 de julio del corriente año, minutos antes de la movilización que estaba prevista para las 13 horas, recibió el llamado telefónico de una persona que se presentó como ‘Comisario Bartolomé’. En dicha comunicación, la persona que llamó le manifestó a Alcántara que desde la Comisaría estaban en conocimiento de lo que iban a hacer los manifestantes, y le dejó en claro que estaban investigando a las personas que participaron del primer reclamo. Le informó que no iban a dejar pasar elementos para prender fuego, e insistió en la ‘investigación’ que se estaba llevando adelante, en lo que consideramos fue un claro intento de disuadir la protesta que se iba a concretar frente a la Cooperativa Eléctrica”.

“La víctima de este llamado intimidatorio realizó una captura de pantalla luego del diálogo”.

En otra parte del escrito presentado en la fiscalía a cargo de Manuel Iglesias, se remarca que “el martes 21 de julio del corriente, un integrante de la Comisión por los Derechos Humanos recibió un llamado telefónico del Intendente de Trenque Lauquen, Doctor Miguel Fernández, quien manifestó su interés en la dilucidación del hecho que había tomado estado público, y su absoluto convencimiento que, habiendo existido una llamada intimidatoria, si su autor era un funcionario policial debía ser objeto de investigación y sanción contundente. En función de tal interés, Fernández mantuvo dos reuniones con Yanina, mostrándole su apoyo ante lo ocurrido. También la Comisión Provincial por la Memoria (C.P.M.) tomó intervención en el hecho y sigue de cerca la situación, con comunicaciones permanentes tanto con Alcántara como con integrantes de nuestra Comisión".

A Asuntos Internos

Desde la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen informaron que quienes integran la Comisión Provincial por la Memoria “se han mostrado muy interesados en la situación suscitada en Trenque Lauquen, y han iniciado el procedimiento correspondiente ante Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Al momento de enviar el mail a la Fiscalía (modo en que se realizan denuncias en el contexto de pandemia), le comunicamos a la C.P.M. la concreción de la presentación”.

En este sentido, el organismo local destacó la atención que despertó el caso tanto a nivel distrital, por parte del Intendente municipal, como a nivel provincial, por parte de un Organismo de DDHH (la C.P.M.).

“Antes de enviar el texto a la Fiscalía, tuvimos oportunidad de hablar con uno de los dos integrantes del Cuerpo de Instructores Judiciales (C.I.J.) que actúa en el distrito, el Doctor Sebastián Vicente (que junto con el Doctor Frizza intervienen en casos en los que se sospecha la comisión de algún ilícito por parte de agentes estatales). Suponemos que nuestra presentación podría llegar a la consideración del C.I.J.” señalaron desde la institución denunciante.

Por último, pidieron que “se investigue en profundidad este episodio y se deslinden las responsabilidades correspondientes, a la vez que se preserve por parte del Estado la seguridad y tranquilidad de la dirigente social y política afectada por un llamado claramente intimidatorio”.

Desde la Comisión “entendemos que es muy importante no naturalizar los ‘aprietes’ llevados a cabo para desmovilizar a las y los ciudadanos que reclaman, con firmeza y en paz, por sus derechos (en este caso, el acceso a la energía eléctrica sin soportar abusos tarifarios)”.