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Presas por querer acceder a un aborto seguro

Géneros 29 de junio de 2020 Por NEP Cooperativo
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunció que siguen muriendo mujeres por realizarse abortos, otras están detenidas, y las que han debido continuar con embarazos no deseados. A dos años de su rechazo en el Senado, manifestaron la necesidad de sancionar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y exigen al Gobierno que se eviten "estas torturas".
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La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunció que durante el primer semestre del año en la provincia de Santiago del Estero "tres mujeres, de entre 24 y 26 años, fueron presas por aborto: en las localidades de Forres (a 45 km de la capital provincial), Ojo de Agua (a 155 km) y Nueva Esperanza (a 215 km)". Y que una cuarta mujer de la localidad de Añatuya, madre de tres niños, "no quedó detenida porque la fiscalía decidió no acusar".

Remarcaron que Santiago del Estero "no adhirió al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo y se encuentra entre las provincias con mayor tasa de partos en niñas menores de 14 años". La Campaña puntualizó que en la Argentina "no es común hallar procesos penales que se caratulen como ‘Aborto’" ya que "tienen otras carátulas que esconden una realidad conocida en los Tribunales".

En este sentido aclararon que "hay más mujeres de lo que pensamos, o creemos, o sabemos, que no tuvieron acceso a un aborto voluntario en condiciones seguras, que fueron expulsadas del sistema de salud y forzadas por el Estado a llevar adelante un embarazo".

En el documento se detalla que "en estos primeros meses de 2020 murieron mujeres por aborto, otras entraron en las cárceles y muchas se han visto obligadas a llevar adelante embarazos productos de violaciones" y se exige que los gobiernos asuman la responsabilidad de evitar estas torturas. "¿Cuántas mujeres estuvieron en riesgo de ser criminalizadas? Señores y señoras, queremos saber: ¿cuántas niñas y adolescentes han continuado embarazos producto del abuso de poder y la violencia sexual?" se preguntan.

Dicho esto, aseguraron que "esta realidad demanda la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que incluirá el acceso a lo que ya es derecho desde 1921: las interrupciones legales cuando hay una causal". Y enfatizaron sobre "la responsabilidad del Estado, en sus tres poderes, en la garantía del acceso a la salud sexual y reproductiva y a la educación sexual integral, haciendo eco del lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

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