Coimas al Súper Chino: avanza la causa contra los policías de Trenque Lauquen
Efectivos policiales locales acusados de cobrar una coima al dueño de un supermercado chino para no infraccionarlo y cerrarle el local por vender alcohol fuera del horario permitido fueron citados a declarar ante la Justicia esta semana en calidad de imputados.
Los tres agentes policiales fueron identificados como Juan Martín Calcagni, Juan Manuel Moreno y Jorge Bengochea, todos del servicio de calle de la Comisaría 1ra de Trenque Lauquen, según informa el portal de noticias Data Trenque.
Calcagni, Moreno y Bengochea deberán prestar declaración este viernes en la sede del Ministerio Público por el delito de concusión que tiene una pena máxima de 6 años ante el fiscal Martín Butti, quien está subrogando al titular de la UFI 1 Omar Flores, de licencia.
El caso y las pesquisas
El caso comenzó a fines de noviembre pasado a partir de una denuncia realizada por los jefes policiales de Trenque Lauquen ante la Fiscalía de turno a cargo de Manuel Iglesias, quienes al obtener información actuaron en cumplimiento de su obligación legal.
A partir de ahí los funcionarios judiciales al mando de Iglesias realizaron rápidamente un allanamiento de urgencia que permitió secuestrar las grabaciones de las cámaras de seguridad del Super Chino, la pieza clave de la pesquisa donde se vería el momento de la transacción.
También se tomaron varias declaraciones de clientes que estuvieron en el sitio al momento del supuesto hecho. Paralelamente se inició un sumario administrativo policial que fue elevado a Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, desde donde se dispuso la suspensión de los tres hombres en sus actividades policiales hasta que se resuelva la situación judicial. Es decir, hasta que se decida si son reintegrados o separados de la Fuerza.
Tras ser notificados que quedaban desafectados del servicio los tres suboficiales entregaron sus armas.
El delito
El delito está previsto en los artículos 266 y 268 del Código Penal. Establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años. El funcionario público que abusando de su cargo solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos de los que corresponden”. Y agrava la pena cuando la acción se hace en beneficio propio ya que “será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores”.
Fuente: Data Trenque.
