El juez federal de Chubut, Gustavo Lleral, cerró la causa por la muerte de Santiago Maldonado expresando que "no hay responsables" desde el punto de vista penal. Lo que abrió Lleral con esa decisión es un interrogante: ¿Cómo detenta la investidura de magistrado un sujeto que le confiesa a la madre de la víctima que debe firmar la resolución porque lo están "apretando"?

Desde el 1 de agosto de 2017 el Estado nacional hizo "las mil y una" para evadir su responsabilidad, que en primera instancia le cabe por entrar ilegalmente en la comunidad mapuche de Cushamen, ya que la orden judicial (de otro juez de lamentable nivel, como Guido Otranto) no permitía que la Gendarmería hiciera otra cosa que desalojar un corte de ruta. La trastornada ministra de Seguridad, a través de su segundo, Pablo Noceti, operó en el lugar de los hechos, conduciendo un operativo salvaje y encubriendo a partir de entonces cualquier pista que llevara a desentrañar las responsabilidades de los agentes estatales.

Los jueces Otranto y Lleral le rechazaron a la familia Maldonado pedidos de medidas de prueba de modo sistemático: cualquier pericia que pudiera permitir un avance en el conocimiento del papel jugado por gendarmes como Emanuel Echazú  en la muerte de Santiago fue impedida por el juzgado federal (sobresale la negativa de hacer una pericia sobre los celulares de los efectivos, y en relación con la localización del teléfono de Santiago, cuando alguien atendió una llamada de su amigo Ariel Garzi al día siguiente de la desaparición). Incluso desestimaron la posibilidad de escuchar a peritos que critican fuertemente los resultados de la autopsia por ser una "pila de inconsistencias y contradicciones" (ejemplos: presencia de polen en el pantalón que es imposible de explicar más allá de 30 días de permanencia de la prenda en el agua de un río; ausencia de algas diatomeas en la médula ósea, que de estar presentes indican la asfixia por sumersión; uso de un valor de temperatura del agua muy inferior al valor promedio de las aguas del río, que se suele utilizar para calcular el tiempo de permanencia de un cuerpo en el agua, sesgo inexplicado que hizo que aumentara significativamente el número de días estimado). 

La investigación de la muerte violenta de Santiago no se cerrará por la firma de un juez incapaz de absorber presiones del Gobierno nacional como Gustavo Lleral. Vendrán sucesivas apelaciones ante tribunales superiores, por parte de la familia (que ha tenido una conducta ante tanta fake news oficial digna de ser destacada como ejemplo) y de Organismos de DDHH como la APDH. Ninguna de esas instancias superiores, dentro del Poder Judicial, asegura resistencia frente a los aprietes de un Gobierno decidido a dar vía libre a la represión ilegal. Sin embargo, la esperanza no desaparece, como tampoco dejará de ser vista la cara de Santiago en carteles, pancartas, pintadas, pines y tantas otras formas de rescatar su mirada lúcida y solidaria.

Patricia Bullrich dijo que con la decisión de Lleral "la verdad se impuso al relato". Es tal el trastorno que tienen los funcionarios de Cambiemos en relación con los conceptos de "verdad" y "transparencia" que la celebración de Bullrich no hace más que confirmar lo contrario a lo que afirma. Con el vergonzoso proceder de Gustavo Lleral, el relato armado y difundido con la generosa llegada de millones de pesos de pauta oficial a todos los rincones del país se impuso sobre la realidad de lo ocurrido hace un año y cuatro meses en Chubut. Siga reprimiendo, ministra, y siga mintiendo sobre sus intenciones y acciones: a medida que los afectados por su política sean más y más, ya verá que no habrá relato que le alcance para eludir responsabilidades ante el mismo Poder Judicial cuyas injusticias hoy celebra, y sobre todo ante la historia que la colocará en el lugar que le corresponde, como una de las funcionarias más viles que ha tenido nuestra democracia.